ICE abandona plan multimillonario para convertir almacenes en cárceles para inmigrantes

• ICE abandona siete centros.
• Plan enfrenta obstáculos legales.
• Comunidades frenan expansión migratoria.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está dando un giro importante a uno de los proyectos más ambiciosos impulsados durante la administración del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo bajo el que opera ICE, planea desprenderse de siete de los 11 almacenes que había adquirido con el objetivo de transformarlos en centros de detención para inmigrantes.

La decisión representa un cambio significativo respecto a una estrategia que había sido presentada como una pieza clave dentro de las políticas migratorias de línea dura impulsadas por el Gobierno federal.

ICE abandona parte de un proyecto valorado en mil millones de dólares

Según el reporte, la agencia invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en la compra de almacenes destinados a reforzar la infraestructura de detención migratoria.

De ese total, alrededor de 700 millones de dólares fueron destinados a la adquisición de siete instalaciones que ahora serán vendidas o transferidas a otras agencias federales.

El plan original contemplaba convertir estos espacios industriales en centros capaces de albergar a miles de inmigrantes detenidos mientras avanzaban sus procesos migratorios o de deportación.

La iniciativa fue impulsada inicialmente por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de una estrategia más amplia para aumentar la capacidad de detención en el país.

Sin embargo, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, habría mostrado reservas sobre el proyecto incluso antes de asumir públicamente una postura diferente sobre la forma en que deben ejecutarse las medidas de control migratorio.

Las deportaciones masivas chocan con obstáculos logísticos y legales

El cambio de rumbo ocurre en medio de crecientes desafíos para implementar programas de deportación a gran escala.

«La realidad de crear un nuevo sistema de detención ha resultado compleja, al igual que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complicada burocracia que conlleva intentar expulsar a un gran número de personas», señala The New York Times.

Además de los desafíos administrativos, el proyecto ha enfrentado resistencia de gobiernos locales, organizaciones comunitarias y residentes preocupados por el impacto de estos centros en sus comunidades.

Uno de los ejemplos más destacados es el almacén ubicado en Roxbury, Nueva Jersey, cuya transformación en centro de detención finalmente no se concretará.

La noticia fue celebrada por la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quien calificó la decisión como una victoria para la seguridad pública y para los residentes del estado.

Gobernadora de Nueva Jersey celebra el cierre definitivo del plan

Sherrill recordó que su administración presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional para impedir la instalación del centro de detención en Roxbury.

«Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey», afirmó la gobernadora a través de su cuenta en X.

La oposición no provino únicamente de sectores demócratas.

Según el informe, varios líderes republicanos también expresaron su rechazo a la construcción de centros de detención en las comunidades que representan.

Las preocupaciones incluyeron posibles afectaciones a los servicios públicos locales, impactos económicos y el temor a protestas o tensiones sociales derivadas de la presencia de estas instalaciones.

Costos millonarios y demandas ambientales frenan la expansión

Otro de los factores que complicó la iniciativa fue el alto costo de los proyectos.

De acuerdo con datos citados por el diario, algunos de los almacenes adquiridos tuvieron un costo superior a los 145 millones de dólares, sin contar las inversiones adicionales necesarias para adecuarlos como centros de detención.

A esto se suman múltiples demandas ambientales basadas en leyes federales que obligan a evaluar el impacto que grandes proyectos pueden tener sobre el entorno local antes de recibir autorización.

Según The New York Times, estos procesos legales se han convertido en uno de los mayores obstáculos para la expansión de la red de centros de detención propuesta originalmente por ICE.

Con la cancelación de siete proyectos y la incertidumbre sobre el futuro de otros centros previstos, la agencia enfrenta ahora el reto de redefinir su estrategia para ampliar la capacidad de detención migratoria sin generar la oposición política, comunitaria y legal que marcó esta iniciativa desde sus primeros pasos.

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FUENTE: EFE