Trump pone en la mira a ciudadanos naturalizados y preparan cientos de casos para retirar la ciudadanía en EE.UU.

• Trump acelera desnaturalizaciones
• Preparan 250 nuevos casos
• Expertos prevén obstáculos legales

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado significativamente los esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, una medida que amplía el alcance de su estrategia migratoria y que vuelve a colocar el debate sobre inmigración en el centro de la agenda nacional.

De acuerdo con información publicada por CNN, altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) planean presentar al menos 250 casos de desnaturalización antes de octubre, una cifra que representa un incremento considerable frente al ritmo observado durante administraciones anteriores.

Plan de desnaturalización avanza con fuerza en 2026

La iniciativa busca identificar a personas que, según las autoridades, habrían obtenido la ciudadanía estadounidense mediante fraude o que ocultaron información relevante durante el proceso de naturalización.

El aumento de estos procedimientos marca uno de los esfuerzos federales más amplios de los últimos años para revisar la legalidad de ciudadanías otorgadas a inmigrantes que completaron los requisitos para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

La ofensiva llega en un momento en que la administración Trump continúa reforzando distintas áreas de su política migratoria, incluyendo medidas dirigidas tanto a inmigrantes indocumentados como a residentes y ciudadanos naturalizados.

Cifra de demandas rompe con los registros de años anteriores

Según los datos citados por CNN, el Departamento de Justicia presentó 29 casos de revocación de ciudadanía en menos de dos meses durante 2026.

La cifra destaca frente a los registros históricos recopilados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, que documentó un total de 166 demandas de desnaturalización entre 2008 y junio de 2026.

“Esta es una herramienta legal que el Congreso ha tenido vigente durante décadas”, afirmó el funcionario a CNN.

Las autoridades sostienen que los casos se concentran en personas acusadas de fraude migratorio, delitos graves, abuso sexual contra menores, crímenes de guerra o individuos que habrían ocultado vínculos con actividades terroristas durante su proceso migratorio.

Departamento de Justicia moviliza abogados para acelerar los procesos

Para respaldar la expansión del programa, el Departamento de Justicia ha redistribuido abogados y personal de distintas divisiones con el objetivo de aumentar la capacidad operativa.

Un memorando emitido en junio de 2025 por el fiscal general adjunto Brett Shumate estableció diez categorías prioritarias para la revocación de ciudadanía.

Entre ellas figuran personas consideradas amenazas para la seguridad nacional, individuos involucrados en crímenes de guerra y quienes habrían ocultado antecedentes penales relevantes.

Actualmente, la unidad especializada en desnaturalización cuenta con una docena de abogados, aunque fiscales federales de distintas regiones del país también están comenzando a recibir expedientes para procesarlos localmente.

Además, la administración ha recurrido a personal de otras divisiones para ampliar la capacidad de respuesta ante el creciente volumen de casos.

Las prioridades incluyen fraude migratorio y amenazas a la seguridad nacional

Las autoridades defienden que el programa está dirigido exclusivamente a personas que habrían obtenido beneficios migratorios de manera fraudulenta o que ocultaron información relevante durante su proceso de naturalización.

Los expedientes que actualmente reciben atención prioritaria incluyen casos relacionados con presuntas amenazas a la seguridad nacional, crímenes de guerra y antecedentes criminales que no fueron revelados a las autoridades migratorias.

La estrategia podría derivar en cientos de nuevos procedimientos judiciales durante los próximos meses, conforme más fiscales federales reciban casos para ser procesados en distintas jurisdicciones del país.

Expertos advierten que los tribunales podrían frenar la ofensiva

A pesar de que la legislación federal permite retirar la ciudadanía cuando se demuestra fraude o una obtención ilegal del beneficio migratorio, expertos legales recuerdan que estos procesos enfrentan estándares probatorios elevados.

La exfuncionaria del Departamento de Justicia y directora ejecutiva de Justice Connection, Stacey Young, considera que el sistema judicial podría convertirse en el principal obstáculo para alcanzar los objetivos planteados por la administración.

“El proceso judicial en sí mismo seguirá siendo un gran impedimento para su objetivo de desnaturalizar a un gran número de personas”, declaró.

La ciudadanía sigue protegida por fuertes garantías legales

Por su parte, Daniel Kanstroom, profesor de Derecho en Boston College, señaló que las protecciones legales que rodean la ciudadanía estadounidense han sido fortalecidas durante décadas mediante decisiones de la Corte Suprema.

Los especialistas destacan que cada caso debe ser analizado individualmente y que el gobierno tiene la responsabilidad de demostrar de manera contundente cualquier fraude o irregularidad que justifique la revocación de la ciudadanía.

Si una persona pierde la ciudadanía estadounidense, generalmente recupera el estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse, aunque determinadas circunstancias también podrían derivar en procedimientos de deportación.

Mientras la administración Trump insiste en que las acciones están dirigidas exclusivamente contra quienes obtuvieron la ciudadanía de forma fraudulenta, el aumento de los casos y la movilización de recursos federales continúan generando atención y debate sobre los alcances de esta política migratoria.

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FUENTE: La Opinion