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Departamento de Justicia demanda a cuatro estados por bloquear operativos de ICE

Las placas confidenciales ICE están en el centro de una nueva batalla legal entre el Departamento de Justicia y cuatro estados de EE.UU.
2026-05-31T15:09:01-04:00
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Foto Shutterstock
  • DOJ demanda a cuatro estados
  • Disputa por placas confidenciales
  • ICE enfrenta nuevas restricciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de demandas contra Maine, Washington, Oregón y Massachusetts por negarse a proporcionar placas de matrícula confidenciales a agentes federales de inmigración.

La acción legal fue presentada el 27 de mayo y sostiene que las políticas adoptadas por estos estados son inconstitucionales y discriminatorias.

Según informó el Departamento de Justicia, previamente se enviaron cartas a representantes de cada estado el 12 de mayo, solicitando que reconsideraran dichas políticas.

Las demandas argumentan que los agentes federales de inmigración requieren ciertas medidas para mantener en secreto sus actividades e identidades durante investigaciones y operativos.

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Entre esas medidas se encuentra el uso de placas de matrícula confidenciales o encubiertas.

De acuerdo con las denuncias, estas placas permiten que los vehículos utilizados por las agencias federales no puedan ser identificados fácilmente mediante solicitudes de información pública u otros mecanismos.

El Departamento de Justicia señala que las leyes de los cuatro estados autorizan explícitamente la emisión de placas confidenciales.

Sin embargo, sostiene que las autoridades estatales han limitado su acceso a determinadas agencias federales vinculadas con el control migratorio.

Las demandas afirman que algunos estados han intentado obstaculizar los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Aunque existen diferencias menores entre los casos presentados contra cada estado, el argumento central es el mismo.

Según el gobierno federal, otorgar placas confidenciales a ciertos organismos de seguridad y negarlas a otros constituye una práctica discriminatoria.

La identidad de los agentes vuelve al centro del debate

El uso de vehículos sin distintivos y otras medidas para ocultar la identidad de los agentes federales se ha convertido en un tema de discusión durante la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.

La controversia no se limita a las placas confidenciales.

También ha generado debate el uso de máscaras por parte de algunos agentes durante operativos de control migratorio.

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Las demandas presentadas por el Departamento de Justicia llegan en medio de una discusión más amplia sobre la manera en que las autoridades federales ejecutan las leyes de inmigración.

Para el gobierno federal, las medidas de confidencialidad son herramientas necesarias para proteger a los agentes y garantizar la efectividad de las investigaciones.

Por el contrario, algunos funcionarios estatales han cuestionado ciertas prácticas utilizadas durante los operativos migratorios.

Massachusetts responde a las acusaciones federales

La discusión quedó reflejada en la respuesta de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey.

En una declaración compartida con USA TODAY, la mandataria demócrata aseguró que su administración respalda el trabajo de investigación criminal legítima realizado por agencias de todos los niveles de gobierno.

Healey señaló que ese apoyo incluye organismos locales, estatales y federales.

Sin embargo, también expresó críticas hacia las acciones de ICE.

“Pero”, afirmó, “eso no es lo que estamos viendo por parte del ICE y sus tácticas inconstitucionales”.

Las demandas presentadas por el Departamento de Justicia buscarán determinar si los estados pueden restringir el acceso de las agencias federales de inmigración a placas confidenciales que sí están disponibles para otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El resultado de estos litigios podría influir en la relación entre los gobiernos estatales y federales en materia de control migratorio y aplicación de la ley.

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