Maine se convierte en estado santuario y limita cooperación con ICE
Publicado el 13/01/2026 a las 21:52
- Maine limita cooperación con ICE
- Ley entra en vigor
- Estado se declara santuario
Segun informa la agencia EFE, el estado de Maine se sumará a la lista de entidades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a partir de mediados de este año.
La medida entrará en vigor luego de que un proyecto legislativo se convirtiera en ley sin la firma de la gobernadora Janet Mills, según informó este martes la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
La legislación restringe el uso de recursos estatales y locales para apoyar la agenda de deportación masiva impulsada por el presidente Donald Trump.
Aunque el proyecto fue aprobado en junio de 2025, se convirtió oficialmente en ley este fin de semana debido a la inacción de la gobernadora, quien decidió no vetarlo.
De acuerdo con ACLU, la norma comenzará a aplicarse 90 días después de que finalice la sesión legislativa, lo cual está previsto para mediados de abril.
Una ley que limita la cooperación con ICE
La nueva legislación aclara y redefine el papel de las fuerzas de seguridad estatales y locales frente a las autoridades migratorias federales.
En términos prácticos, prohíbe la participación de policías y agencias locales en actividades federales de control migratorio.
Entre las restricciones se incluye la prohibición de investigar, interrogar, detener o buscar personas con fines de aplicación de leyes migratorias federales.
La ley también impide que las autoridades locales detengan a personas únicamente por solicitudes de ICE.
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Además, prohíbe el uso de oficiales de inmigración federales para tareas de traducción.
Otras actividades relacionadas con el control migratorio federal también quedan expresamente limitadas.
Según ACLU, estas disposiciones convierten a Maine en un estado santuario, alineándolo con otras jurisdicciones que han optado por restringir su colaboración con ICE.
La organización subrayó que la norma busca evitar que los recursos estatales sean utilizados para respaldar operativos federales de deportación.
Contexto político y protestas nacionales
El avance de esta ley ocurre en un contexto de fuerte tensión nacional en torno a las políticas migratorias.
La inacción de la gobernadora Janet Mills coincidió con protestas a nivel nacional tras el asesinato de Renee Good, una manifestante estadounidense, durante un operativo de ICE en Mineápolis.
Aunque la legislación de Maine no está vinculada directamente a ese caso, el clima político influyó en el debate público sobre la cooperación con las autoridades migratorias federales.
ACLU señaló que, a lo largo de 2025, detectó un uso generalizado de recursos locales para apoyar la aplicación de la ley migratoria federal.
Ese hallazgo se produjo tras revisar numerosas solicitudes de registros públicos en distintas localidades del estado.
Según la organización, ese uso de recursos locales generó preocupación sobre posibles abusos de poder.
La nueva ley busca poner límites claros a ese tipo de colaboración.
Alcance legal y postura de ACLU
ACLU enfatizó que la legislación no impide a las fuerzas del orden de Maine cumplir con la ley federal vigente.
Tampoco afecta su capacidad para investigar delitos ni para ejecutar o responder a órdenes judiciales.
La organización subrayó que el objetivo es separar las funciones de seguridad pública de las tareas de control migratorio federal.
En un comunicado, Michael Kebede, director de políticas de ACLU de Maine, explicó que la ley busca proteger a las comunidades locales.
“Esta nueva ley garantizará que las ciudades y pueblos de Maine no sean cómplices ni responsables de los abusos de poder federales”, afirmó Kebede.
También sostuvo que la medida mejorará la seguridad pública al fortalecer la confianza entre las fuerzas del orden locales y las comunidades a las que sirven.
Según ACLU, la desconfianza generada por la colaboración con ICE ha afectado la relación entre autoridades locales y residentes.
La nueva normativa pretende revertir esa dinámica.
Con su entrada en vigor a mitad de año, Maine se integrará formalmente al grupo de estados que han optado por limitar su cooperación con ICE, en medio de un debate nacional cada vez más polarizado sobre inmigración, seguridad y derechos civiles.
