Gobernador DeSantis propone la pena de muerte obligatoria para ciertos indocumentados
Publicado el 14/02/2025 a las 13:36
- Florida impulsa pena de muerte.
- Indocumentados enfrentan castigos extremos.
- Trump refuerza políticas migratorias
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promueve una ley que impondría la pena de muerte automática a inmigrantes indocumentados culpables de delitos graves.
La medida, incluida en los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C, elimina la posibilidad de considerar atenuantes en cada caso.
Defensores de derechos humanos y juristas advierten que la iniciativa es inconstitucional y viola el derecho a un juicio justo.
El proyecto establece que delitos como asesinato en primer grado, violación de menores o tráfico de drogas sean castigados obligatoriamente con la pena capital.
FADP advierte sobre la inconstitucionalidad y el peligro de la medida
Maria DeLiberato, directora de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), afirma que la ley vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
FADP envió una carta al Comité de Asignaciones del Senado denunciando que la medida amplía de manera peligrosa el uso de la pena de muerte.
“Esta ley no aborda las causas de la migración ni refuerza las políticas fronterizas existentes”, señala la organización.
La iniciativa se suma a las políticas de línea dura de DeSantis y del presidente Donald Trump en materia migratoria.
A diferencia de esta propuesta, la orden ejecutiva de Trump permite cierto margen de discreción judicial en la aplicación de la pena de muerte.
El proyecto de Florida también criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados mayores de 18 años en el estado.
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Quienes sean detenidos podrían enfrentar hasta nueve meses de cárcel y, en casos de reincidencia, penas de hasta un año y un día de prisión.
La legislación contempla una inversión de 250 millones de dólares para reforzar la seguridad migratoria a través de subvenciones a fuerzas policiales.
Además, se destinarían 48,2 millones de dólares al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor para hacer cumplir la normativa.
El plan ha desatado un intenso debate sobre su impacto legal y social, especialmente en comunidades inmigrantes.
Sus defensores aseguran que busca disuadir el crimen y reforzar la seguridad en Florida.
Los críticos consideran que es una medida extrema que atenta contra los derechos fundamentales y enfrentará impugnaciones en tribunales federales.
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