Gobierno de Trump acusa a Maryland de proteger inmigrantes indocumentados
Publicado el 10/07/2026 a las 11:47
- DOJ demanda a Maryland
- Disputa por políticas santuario
- Trump intensifica ofensiva migratoria
El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra las llamadas políticas santuario al presentar una nueva demanda contra Maryland.
El gobierno federal sostiene que las normas estatales dificultan la aplicación de las leyes migratorias.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), esas políticas son ilegales porque interfieren con la autoridad federal en materia de inmigración.
La acción judicial fue anunciada este jueves y se suma a una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La demanda es la número 21 presentada por el DOJ contra leyes o políticas santuario relacionadas con inmigración.
¿Por qué el DOJ demanda a Maryland por inmigración?
Gobierno de Trump demanda al estado de Maryland por sus políticas a favor de los migrantes.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/zkYZBcrH8g
— Latinus (@latinus_us) July 10, 2026
El gobierno afirma que la falta de cooperación de Maryland ya ha generado consecuencias negativas para hacer cumplir las leyes migratorias.
El documento pone especial atención en la reciente Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act).
Esa legislación limita la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.
Según el DOJ, algunos centros de detención han rechazado entregar a inmigrantes indocumentados a la custodia federal.
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La negativa habría ocurrido incluso después de recibir órdenes rutinarias de retención migratoria.
En un comunicado, el Departamento de Justicia afirmó que estas acciones obstaculizan la aplicación de la legislación federal.
También sostuvo que las medidas estatales entran en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
«Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos», aseguró el DOJ.
La demanda responde a una orden de Donald Trump
DOJ sues Maryland, alleges state policies interfere with immigration crackdown https://t.co/P87gcpnQaL
— The Straits Times (@straits_times) July 10, 2026
El fiscal federal Stanley Woodward respaldó la postura del gobierno en el comunicado oficial.
Woodward afirmó que las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados de las autoridades federales.
También señaló que esas decisiones silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes.
La demanda forma parte de una orden emitida por el presidente Donald Trump.
Esa directriz instruye identificar leyes, políticas y prácticas en estados gobernados por demócratas.
El objetivo es revisar aquellas medidas que restringen la cooperación entre policías estatales, locales y el gobierno federal.
La administración federal sostiene que esa colaboración es necesaria para aplicar las leyes migratorias.
La ofensiva legal busca cuestionar normas que, según el gobierno, limitan la actuación de las autoridades federales.
Maryland se suma a otros estados demandados por políticas santuario
El caso contra Maryland se incorpora a una serie de litigios promovidos por la División Civil del Departamento de Justicia.
De acuerdo con el DOJ, ya se han presentado otras 20 demandas contra políticas santuario.
Entre los estados incluidos en esas acciones legales figuran Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.
La administración federal mantiene que estas demandas buscan garantizar la aplicación uniforme de la legislación migratoria.
Por su parte, los estados y gobiernos locales han defendido sus políticas.
Argumentan que colaborar con las autoridades migratorias implica mayores costos para sus presupuestos.
También sostienen que esa cooperación puede afectar la confianza del público en las fuerzas del orden.
Ese argumento ha sido utilizado por distintas jurisdicciones para justificar límites a la colaboración con agencias federales de inmigración.
Con esta nueva demanda, el Departamento de Justicia mantiene abierta su estrategia judicial para impugnar las políticas santuario adoptadas por estados y gobiernos locales en distintas partes del país.
