La cooperación con ICE divide a estados rojos y azules
Publicado el 08/02/2026 a las 15:12
- Estados divididos por ICE
- Presión federal a ciudades
- Deportaciones y cooperación local
Segun informa CNN, la cooperación con la aplicación federal de las leyes de inmigración se ha convertido en una de las principales líneas divisorias entre los estados gobernados por republicanos y demócratas.
El tema también ha intensificado el conflicto entre la administración del presidente Donald Trump y funcionarios demócratas estatales y locales.
Mientras el Congreso debate posibles límites a las tácticas de los agentes federales de inmigración, los estados avanzan en direcciones opuestas.
Los estados rojos están impulsando leyes que obligan a las agencias locales de seguridad a colaborar formalmente con ICE.
En contraste, más estados azules buscan prohibir o restringir cualquier tipo de cooperación con la agencia federal.
Esta brecha se amplía en medio de la agenda de deportaciones masivas promovida por Trump.
Presión federal y resistencia estatal
ANÁLISIS | La cooperación con ICE es la división más reciente entre estados rojos y azuleshttps://t.co/cvEKe0NddP
— CNN en Español (@CNNEE) February 8, 2026
Trump y los republicanos en el Congreso han intentado presionar a los estados azules para que adopten las políticas de cooperación promovidas por los estados rojos.
El presidente ha intentado bloquear fondos federales a estados y ciudades que limitan su colaboración con ICE.
Sin embargo, esos intentos han sido detenidos repetidamente por los tribunales.
Durante las negociaciones sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, algunos republicanos han redoblado la presión.
Han propuesto castigos para los llamados estados o ciudades santuario.
Estas medidas incluso contemplan sanciones penales contra funcionarios locales.
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Aun así, los republicanos no cuentan con los 60 votos necesarios en el Senado para aprobar estas iniciativas.
La administración también ha ajustado su estrategia de aplicación para aumentar la presión sobre jurisdicciones demócratas.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, llegó a sugerir a funcionarios de Minnesota compartir información sensible de votantes con el Gobierno federal.
La solicitud fue rechazada por las autoridades estatales.
Trump y el zar fronterizo Tom Homan también han advertido sobre operativos federales más intrusivos en ciudades que no cooperen.
El papel clave de la policía local
La capacidad de Trump para cumplir sus objetivos de deportación depende en gran medida de la cooperación local.
Expertos en inmigración señalan que entre el 70 % y el 75 % de los arrestos de ICE provienen de transferencias realizadas por policías locales.
Sin esa colaboración, alcanzar metas como 3.000 arrestos diarios resulta difícil.
Esto ha dado a los gobiernos estatales y locales un importante poder de negociación.
Estados como Nueva York, Nuevo México y Maryland están usando ese margen para imponer nuevas barreras a la cooperación.
Según expertos, la reacción pública contra los primeros despliegues federales ha debilitado la estrategia de presión del Gobierno.
Las críticas tras los operativos en ciudades como Minneapolis han reducido el impacto disuasorio de estas amenazas.
Analistas políticos señalan que la imagen y la percepción pública de estas acciones han cambiado rápidamente.
Esto marca una diferencia notable frente al contexto que ayudó al regreso de Trump a la Casa Blanca.
Cómo funciona la cooperación con ICE
El principal mecanismo de cooperación entre ICE y agencias locales es el programa 287(g).
Este programa fue creado en 1996 mediante una ley aprobada por un Congreso republicano y firmada por Bill Clinton.
Permite a las agencias locales colaborar con ICE bajo tres modalidades distintas.
El Modelo de Aplicación en Cárceles autoriza a interrogar detenidos y retenerlos hasta 48 horas adicionales.
El Enfoque de Agente de Servicio de Órdenes permite entregar órdenes de ICE, sin interrogatorios.
El Modelo de Fuerza de Tarea es el más amplio y autoriza a hacer cumplir leyes federales de inmigración durante patrullajes rutinarios.
Según el DHS, al 6 de febrero existían 1.381 acuerdos activos en 40 estados.
Esto representa casi diez veces más que al final de la administración Biden.
Estados como Florida, Georgia, Texas y Arkansas han aprobado leyes que obligan a firmar estos acuerdos.
Solo Texas, Florida y Georgia concentran más de la mitad de las asociaciones actuales.
En contraste, grandes ciudades y estados demócratas han avanzado para prohibir estos convenios.
California, Washington, Illinois, Nueva Jersey y recientemente Nuevo México han impuesto límites formales.
Nueva York se ha convertido en un caso emblemático de este giro político.
La gobernadora Kathy Hochul ha propuesto anular los acuerdos existentes y prohibir nuevos convenios con ICE.
Este cambio refleja cuánto ha evolucionado la política inmigratoria y el debate público en los últimos 15 meses.
