Trump enfrenta demanda por cobrar acceso rápido a sus mensajes en Truth Social

Demanda contra Trump por Truth Social

Suscripción alcanza $100,000 mensuales

Alegan acceso oficial desigual

Donald Trump enfrenta una nueva batalla judicial por un servicio de Truth Social que permite a clientes institucionales pagar hasta $100,000 al mes para recibir con mayor rapidez publicaciones de cuentas influyentes, incluida la del propio presidente.

La demanda fue presentada este miércoles en un tribunal federal de Nueva York por The Intercept y Freedom of the Press Foundation, con apoyo de organizaciones vinculadas a la libertad de prensa y los derechos civiles.

Por qué importa: Los demandantes sostienen que el sistema podría crear dos velocidades para acceder a información presidencial: una para quienes pueden pagar por recibirla antes y otra para periodistas y ciudadanos que dependen del acceso habitual.

El conflicto pone bajo escrutinio la relación entre las comunicaciones oficiales de Trump y una plataforma perteneciente a Trump Media, especialmente porque el presidente utiliza con frecuencia su cuenta para divulgar información relacionada con el gobierno.

Truth API pone el acceso a mensajes de Trump bajo la lupa

Demanda contra Trump por Truth Social-Foto: Shutterstock

Puntos clave: Truth API comenzó a ofrecerse el 1 de agosto y está dirigido a clientes institucionales interesados en obtener más rápidamente publicaciones procedentes de diez cuentas consideradas entre las más influyentes de Truth Social.

El servicio puede alcanzar un precio de $100,000 mensuales y la cuenta de Trump encabeza el grupo incluido, una característica que ahora constituye una parte central de la controversia planteada ante la justicia.

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El dato: Trump Media informó que Truth API ya cuenta con diez clientes y espera que el producto genere ingresos recurrentes para la compañía.

Los demandantes argumentan que ofrecer acceso preferente a mensajes presidenciales mediante un servicio de pago podría vulnerar los derechos de periodistas y ciudadanos protegidos por la Primera Enmienda.

Demanda contra Trump apunta a la Primera y Quinta Enmienda

El proceso: La acción judicial busca impedir que Trump y empleados de la Casa Blanca desarrollen lo que los demandantes describen como un esquema inconstitucional para monetizar las publicaciones presidenciales realizadas mediante Truth Social.

La demanda también invoca la Quinta Enmienda bajo el argumento de que el gobierno no puede imponer condiciones consideradas irrazonables sobre el acceso a prestaciones gubernamentales.

Seth Stern, director de activismo de Freedom of the Press Foundation, cuestionó que un presidente pueda vender acceso prioritario a las noticias que genera para beneficiar a una compañía privada bajo su control.

Los argumentos, sin embargo, deberán ser examinados por el tribunal: la presentación de la demanda no significa que la justicia haya determinado que Truth API viola la Constitución.

Trump Media enfrenta pérdidas mientras apuesta por Truth API

Las cifras financieras añaden otro elemento al caso. Trump Media reportó pérdidas de $238.1 millones durante el segundo trimestre de 2026, diez veces las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Al mismo tiempo, la compañía casi duplicó su facturación hasta alcanzar $1.7 millones y presentó a Truth API como un producto con potencial para generar ingresos recurrentes.

Qué pueden hacer: Periodistas y usuarios pueden continuar siguiendo las publicaciones disponibles públicamente en Truth Social mientras el tribunal analiza si la modalidad de acceso anticipado debe enfrentar restricciones

La controversia se concentra específicamente en la ventaja temporal que recibirían quienes pagan por Truth API cuando las publicaciones contienen información relacionada con decisiones o asuntos gubernamentales.

El límite de la demanda

El límite: El caso plantea acusaciones de los demandantes, no conclusiones judiciales. Será el tribunal federal el encargado de determinar si el servicio constituye una vulneración constitucional y qué medidas, en su caso, corresponden.

La disputa abre así una pregunta de mayor alcance: hasta dónde puede llegar una empresa privada al cobrar por acceso anticipado a mensajes de un presidente cuando esas publicaciones también funcionan como canal para comunicar información gubernamental, señaló ‘EFE’ y ‘BBC‘.