Nuevo golpe judicial para Trump tras fallo que cuestiona su política contra personas trans en el Ejército

Tribunal rechaza veto trans

Revés judicial para Trump

Batalla legal continúa

Un tribunal federal de Estados Unidos concluyó que la prohibición impulsada por el Gobierno de Donald Trump para impedir que personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas es ilegal.

Por qué importa: La decisión representa un nuevo revés judicial para una de las políticas implementadas por Trump al inicio de su segundo mandato, aunque la medida seguirá vigente por ahora mientras continúa la batalla legal en los tribunales.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia emitió este lunes una resolución que ratifica en gran parte el fallo dictado en marzo de 2025 por una jueza federal de Washington.

Esa decisión previa había determinado que la orden ejecutiva firmada por Trump vulneraba derechos constitucionales de las personas transgénero.

Según la resolución a la que tuvo acceso la agencia EFE, el tribunal concluyó que la política aplicada por el Gobierno carece de fundamento suficiente.

Los magistrados señalaron que la medida es una política militar “arbitraria” y que está “impulsada por animosidad”.

A pesar de ello, el fallo no tendrá efectos inmediatos.

La orden ejecutiva fue firmada al inicio del segundo mandato

Segun EFE, la controversia comenzó el 27 de enero de 2025.

Ese día, apenas una semana después de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva relacionada con el servicio militar de las personas transgénero.

La medida prohibía que personas trans formaran parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La orden contemplaba únicamente algunas excepciones.

Además, instruía al Departamento de Defensa a implementar la nueva política dentro de las estructuras militares.

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El documento justificaba la decisión argumentando que identificarse con un género distinto al sexo asignado al nacer era incompatible con determinados valores exigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La orden ejecutiva afirmaba que esa situación “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.

La medida provocó cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Diversas asociaciones iniciaron acciones legales tras conocerse la decisión de la Casa Blanca.

El Tribunal Supremo permitió la aplicación temporal de la medida

Tribunal declara ilegal veto trans de Trump FOTO: EFE

Aunque distintos tribunales analizaron la legalidad de la orden ejecutiva, la política continuó aplicándose.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que el Gobierno de Trump implementara la prohibición mientras los recursos judiciales seguían su curso en instancias inferiores.

Sin embargo, el máximo tribunal no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del asunto.

Tampoco ha emitido una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la medida.

Por ello, el litigio continúa abierto.

La resolución emitida este lunes tampoco representa el cierre del proceso judicial.

La batalla legal continúa en los tribunales

El fallo favorable a quienes cuestionan la prohibición todavía enfrenta posibles recursos.

El Gobierno de Trump conserva la opción de solicitar que el caso sea revisado por el pleno del Tribunal de Apelaciones.

Esa posibilidad impide que la resolución entre en vigor de manera inmediata.

Mientras tanto, la discusión jurídica sigue avanzando en los tribunales estadounidenses.

La decisión del Tribunal de Apelaciones constituye un nuevo capítulo dentro de una disputa legal que comenzó poco después de que la Casa Blanca anunciara la exclusión de personas transgénero de las Fuerzas Armadas.

Por ahora, la medida continúa siendo objeto de revisión judicial.

La cuestión de si la política es constitucional o no permanece sin una respuesta definitiva por parte del Tribunal Supremo.

Hasta que eso ocurra, la prohibición seguirá siendo parte de una batalla legal que enfrenta al Gobierno y a organizaciones que consideran que la medida vulnera derechos constitucionales.