Nueva ley en Florida genera polémica por designación de grupos terroristas

Florida aprueba polémica ley

Gobernador podrá declarar terroristas

Críticas por libertad expresión

Segun informa la agencia EFE, el Congreso de Florida aprobó una nueva ley que permitirá al gobernador Ron DeSantis designar como “organizaciones terroristas internas” a ciertos grupos locales, una medida que ha generado preocupación entre defensores de los migrantes y de la libertad de expresión en Estados Unidos.

La iniciativa fue aprobada este jueves por la Cámara de Representantes estatal.

La votación terminó con 80 votos a favor y 25 en contra.

La nueva norma también contempla medidas contra estudiantes y centros educativos relacionados con organizaciones que el gobierno estatal considere terroristas.

El proyecto ahora se dirige al escritorio del gobernador DeSantis.

La propuesta ha provocado un intenso debate político y jurídico en el estado.

Ley permite designar organizaciones terroristas internas

Polémica ley en Florida permitirá declarar grupos terroristas FOTO: EFE

El proyecto aprobado otorga al Gobierno de Florida la facultad de designar a determinados grupos como “organizaciones terroristas internas”.

Además, la ley autoriza expulsar a estudiantes que “promuevan” o “apoyen” a esas organizaciones.

También establece la posibilidad de retirar a escuelas privadas del programa de cupones educativos.

Este programa permite que centros educativos privados reciban fondos públicos a través de los llamados ‘vouchers’.

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La medida amplía la capacidad del gobierno estatal para tomar acciones administrativas contra organizaciones y centros educativos que considere vinculados con grupos designados.

El debate legislativo se desarrolló en medio de fuertes diferencias entre legisladores republicanos y demócratas.

La aprobación final se produjo con una amplia mayoría republicana en la Cámara estatal.

Propuesta surge tras bloqueo judicial a orden ejecutiva

Polémica ley en Florida permitirá declarar grupos terroristas FOTO: SHUTTERSTOCK

La nueva legislación surge después de que un juez federal bloqueó una orden ejecutiva emitida previamente por el gobernador DeSantis.

Esa orden buscaba designar como organización terrorista al Council of American Islamic Relations (CAIR).

CAIR es el mayor grupo civil de musulmanes en Estados Unidos.

El juez determinó que el gobernador no tenía la atribución legal para realizar esa designación.

La medida tampoco había sido adoptada por el Gobierno federal.

La nueva ley busca otorgar formalmente esa facultad al Ejecutivo estatal.

Durante la discusión legislativa, la congresista estatal Hillary Cassel defendió el proyecto.

Cassel es patrocinadora de la iniciativa.

“Las únicas personas entregando a sus hijos al terrorismo son las personas que van a votar ‘no’ en esta iniciativa”, declaró la legisladora al inicio del debate.

Organizaciones civiles alertan sobre riesgos para libertades

Los republicanos que respaldan la ley han argumentado que existen grupos y escuelas musulmanas que intentarían imponer la Ley Sharia.

También mencionaron organizaciones como CAIR.

Sin embargo, no presentaron pruebas durante la discusión legislativa.

Argumentos similares han sido planteados por legisladores republicanos en otros estados, como Texas.

En contraste, legisladores demócratas y organizaciones civiles han expresado preocupación por el alcance de la nueva norma.

La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) advirtieron sobre posibles abusos en la aplicación de la ley.

Ambas organizaciones consideran que el lenguaje de la legislación es demasiado amplio y abierto a interpretación.

Según estos grupos, eso podría convertir en blanco de sanciones a organizaciones que critiquen al gobierno estatal.

FLIC señaló que la ley podría afectar a organizaciones que brindan ayuda social.

Entre ellas mencionó grupos que apoyan a inmigrantes, ayudan a sobrevivientes de violencia o proveen refugio a personas necesitadas.

La organización indicó que la norma podría criminalizar actividades de asistencia comunitaria.

Por su parte, la ACLU sostuvo que la ley contraviene la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Esta enmienda protege la libertad de expresión.

Según la ACLU, el proyecto se basa en el principio de “culpable solo por designación”.

La organización advirtió que ese mecanismo podría ser utilizado contra críticos del Gobierno estatal.

El debate continúa mientras la ley espera la decisión final del gobernador.