¿Peligran niños indocumentados? Buscan impedir que se inscriban en escuelas menores sin papeles

Ley migratoria avanza

Escuelas recopilarán estatus migratorio

Protestas contra propuesta legislativa

El Proyecto de Ley migratoria de la Cámara 793 (HB 793) avanzó esta semana tras ser aprobado en un subcomité financiero de la Cámara de Representantes de Tennessee.

La nueva versión del proyecto exige que las escuelas públicas recopilen documentación relacionada con la ciudadanía o el estatus migratorio de los estudiantes al momento de la inscripción.

Posteriormente, esos datos —de forma anonimizada— deberán enviarse al Departamento de Educación de Tennessee, a los líderes legislativos y a la oficina estatal de cumplimiento migratorio.

La medida busca conocer cuántos estudiantes indocumentados asisten actualmente a las escuelas públicas

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Sin embargo, la propuesta de Ley migratoria original era mucho más dura.

Legisladores republicanos habían planteado usar la legislación para impedir que estudiantes indocumentados se inscribieran en escuelas K-12 o exigir que sus familias pagaran matrícula.

Esas disposiciones fueron eliminadas mediante una enmienda presentada recientemente.

La falta de garantías federales frenó el plan de cobrar matrícula o impedir inscripciones

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, William Lamberth, patrocinador del proyecto, explicó que la falta de claridad del gobierno federal influyó en la decisión de modificar la iniciativa.

“Hemos enviado varias preguntas para tratar de obtener respuesta a una cuestión muy directa: ¿el proyecto de ley en su forma anterior pondría en riesgo 1.100 millones de dólares? No nos han dado ninguna garantía de que no lo haría”, dijo Lamberth.

Según explicó el legislador, el estado buscaba saber si la versión anterior del proyecto podría poner en riesgo más de 1.000 millones de dólares en financiamiento federal para educación.

Al no obtener garantías claras del Departamento de Educación de Estados Unidos ni del gobierno federal, Lamberth decidió reducir el alcance del proyecto y transformarlo en una medida enfocada únicamente en recopilar datos.

Aun así, la iniciativa todavía podría generar desafíos legales, especialmente porque algunos legisladores han sugerido que podría usarse en el futuro para cuestionar el precedente de Plyler v. Doe.

Educadores alertan sobre costos millonarios y presión sobre los distritos escolares

La reacción más fuerte ha venido desde el sector educativo. Directivos escolares y miembros de juntas escolares han advertido que la nueva obligación podría representar un enorme costo administrativo.

Katherine Bike, integrante de la Junta de Educación del condado de Knox, testificó en contra del proyecto durante una audiencia legislativa.

Bike citó un informe del Immigration Research Initiative que estima que verificar y rastrear el estatus migratorio de 963.000 estudiantes en Tennessee podría costar hasta 55 millones de dólares y requerir la contratación de cientos de nuevos empleados en los distritos escolares.

“¿De dónde vamos a sacar este dinero? ¿Significa que se recortarán nuestros servicios de educación especial? ¿Será el presupuesto de nuestro departamento de apoyo estudiantil o el de seguridad?”, preguntó Bike. “¿De dónde va a salir? Siempre encontramos la manera de salir adelante, pero no nos obliguen a hacer esto. Les insto a votar no a este proyecto de ley perjudicial.”

La preocupación central es que el financiamiento para implementar el sistema termine saliendo de servicios educativos esenciales, como programas de educación especial o apoyo estudiantil.

Protestas y críticas tras cierre anticipado del debate legislativo

El debate en el comité también generó tensiones políticas. Legisladores republicanos cerraron la discusión antes de que los demócratas pudieran terminar de formular preguntas sobre el proyecto.

La decisión provocó protestas dentro de la sala y críticas por parte de legisladores opositores.

El representante estatal Jesse Chism, demócrata de Memphis, dijo que quedaron sin respuesta preguntas importantes relacionadas con el costo del programa y las medidas para proteger la información de los estudiantes.

“Había algunas preguntas no polémicas que se iban a plantear y que creo que la gente necesita que se respondan”, dijo Chism. “Simplemente me quedo sin palabras de que se haya cortado la conversación en esa etapa.”

Mientras se realizaba la votación, manifestantes presentes en la audiencia levantaron pancartas y corearon “Shame, shame, shame”.

El proyecto aún debe superar varios pasos antes de convertirse en ley

El HB 793 ahora pasará al Comité completo de Finanzas de la Cámara, lo que representa su penúltimo paso antes de una posible votación en el pleno legislativo.

Al mismo tiempo, existe un proyecto relacionado en el Senado, el SB 836, aprobado en la sesión pasada pero sin las nuevas modificaciones incluidas en la versión de la Cámara.

Si el proyecto avanza, ambas cámaras tendrán que reconciliar las diferencias en el texto o aprobar una nueva versión antes de que pueda convertirse en ley.

Mientras tanto, otro proyecto —el HB 1711— también avanza en la Asamblea General.

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Se trata de una llamada “ley de activación”, que solo entraría en vigor si la Corte Suprema de Estados Unidos decide revertir el fallo Plyler v. Doe.

Por ahora, el debate sobre inmigración en Tennessee ha llegado directamente a las aulas.

Y aunque la versión actual del proyecto de la Ley migratoria es menos dura que la original, la discusión sobre su impacto educativo, legal y financiero está lejos de terminar.

FUENTE: Chalkbeat / WSMV4