El Condado de San Diego, California se declara “santuario” y frena colaboración con ICE

San Diego impide apoyo a ICE

Inmigrantes protegidos localmente

Nueva política santuario aprobada por el condado de San Diego.

El condado de San Diego, una jurisdicción de California que limita con México, ha dado un paso histórico al aprobar una norma que lo convierte en un área santuario, negando recursos locales a la aplicación de leyes federales de inmigración.

“Con una votación de tres a uno, la medida llega en respuesta a la promesa del presidente electo, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas”, señala el texto, evidenciando el contexto político tenso que impulsó esta decisión.

La norma, impulsada por la presidenta de la Junta de Supervisores, Nora Vargas, prohíbe el uso de fondos, instalaciones y personal del condado para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto incluye la detención, notificación y transferencia de indocumentados bajo custodia local a las autoridades migratorias federales sin una orden judicial, un cambio drástico frente a prácticas que eran cotidianas.

Acta de Valores de California: el marco legal que respalda la protección a inmigrantes

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El marco legal adoptado se basa en el Acta de Valores de California, legislación estatal que limita la colaboración entre fuerzas del orden locales y agencias federales de inmigración como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Aunque críticos afirman que esta nueva norma obstaculiza la labor de ICE para deportar a criminales, defensores de los inmigrantes aseguran que la iniciativa fortalece la seguridad al crear lazos de confianza con las comunidades.

“Al garantizar que nuestros recursos locales no se utilicen para detener y deportar a los habitantes de San Diego, la Junta está enviando un mensaje contundente!

«Los inmigrantes son valorados y bienvenidos en nuestra región”, declaró en un comunicado Ian Seruelo, presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (SDIRC).

Con la adopción de esta política, San Diego se une a otros ocho condados de California que han aprobado normas similares, ampliando las protecciones existentes en favor de los inmigrantes.

La ubicación geográfica del condado de San Diego, con cerca de 100 kilómetros de frontera con México, convierte esta decisión en un referente simbólico y práctico, dado el intercambio constante entre ambos lados de la línea fronteriza.

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La llegada de Trump a la presidencia, con la promesa de deportaciones masivas y “castigos” a las jurisdicciones santuario, ha generado tensiones entre gobiernos locales y la administración federal, aumentando la presión sobre estas políticas.

La dinámica se extiende más allá de San Diego: el ayuntamiento de Los Ángeles aprobó el mismo martes una ordenanza de “ciudad santuario” que también prohíbe el uso de recursos municipales para la aplicación de leyes migratorias y la colaboración con ICE.

“Vamos a enviar un mensaje muy claro de que la ciudad de Los Ángeles no cooperará con el ICE de ninguna manera”, dijo el concejal Hugo Soto-Martínez, reflejando el eco de posturas santuario a nivel estatal y municipal.

Los Ángeles, que se une a más de una docena de ciudades estadounidenses con disposiciones similares, busca así codificar en ley local las protecciones previamente ofrecidas por directivas ejecutivas y políticas policiales internas.

Críticos temen que estas políticas puedan alentar la llegada de más inmigrantes no autorizados, mientras que defensores insisten en que el verdadero impacto es la creación de entornos más seguros, inclusivos y cooperativos.

“Esto es Trump 2.0”, dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva del Central American Resource Center en Los Ángeles, subrayando el temor y el trauma histórico generado por las promesas federales de deportaciones y ruptura de familias.

Jurisdicciones santuario: barreras locales ante la presión federal

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Pese a las presiones y cuestionamientos, las jurisdicciones santuario en California y otros puntos del país refuerzan sus marcos normativos, estableciendo una barrera local a la acción federal, mientras se debaten los alcances de estas políticas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha manifestado su apoyo, reforzando la idea de que estas medidas no son un acto aislado, sino parte de una tendencia más amplia a nivel estatal y local para proteger a las comunidades inmigrantes.

El estado de California ya había dado pasos en este sentido con la ley santuario firmada en 2017 por el entonces gobernador Jerry Brown, prohibiendo a la policía inquirir sobre estatus migratorio y participar en operativos federales de control migratorio.

La tensión entre las políticas locales y la agenda federal quedó patente cuando la administración Trump intentó retener fondos de las ciudades santuario, incitando un debate sobre la autonomía local y las prioridades de seguridad pública.

En Los Ángeles, las voces críticas, como la de Charles Brister, señalan que no se puede ser un santuario ilimitado y mencionan la crisis de vivienda, subrayando la complejidad social que enfrenta la ciudad al querer proteger a más personas vulnerables.

No obstante, el mensaje predominante en esta ola de disposiciones santuario es el de dignidad, seguridad y reconocimiento a una población que durante décadas ha formado parte del tejido económico, social y cultural de California.

La historia no termina aquí: la segunda votación formal del ayuntamiento de Los Ángeles, la implementación en San Diego, y la reacción de la administración federal, trazan el rumbo de una contienda entre las autonomías locales y el poder central.

En definitiva, los movimientos de San Diego y Los Ángeles fortalecen el entramado de jurisdicciones que rechazan la complicidad con las deportaciones masivas, cimentando una red de protección y esperanza para las comunidades migrantes que allí residen.

FUENTE: EFE/ Telemundo51 Miami.

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