EE.UU. señala a gobernador de Sinaloa y funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

EE.UU. acusa a Sinaloa

Funcionarios ligados al narco

México cuestiona falta pruebas

Estados Unidos presentó acusaciones contra funcionarios del estado mexicano de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por qué importa: El caso involucra a figuras políticas en activo y abre un nuevo frente de tensión entre EE.UU. y México.

EE.UU. señala a políticos por vínculos con el narco

Segun la agencia EFE, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios.

También fueron señalados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y otros cargos y exfuncionarios.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó a un total de diez personas.

Según el comunicado, habrían conspirado con líderes del cartel de Sinaloa.

El objetivo habría sido importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

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A cambio, los implicados habrían recibido apoyo político y sobornos.

Entre los señalados también están Enrique Inzunza Cázarez y Dámaso Castro Saavedra.

Las autoridades estadounidenses aseguran que colaboraron con el cartel para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Además, habrían protegido a integrantes del crimen organizado de investigaciones y detenciones.

Acusaciones sobre relación con ‘Los Chapitos’

Gobernador de Sinaloa y funcionarios, en la mira de EE.UU. FOTO: EFE

Las autoridades sostienen que los implicados se alinearon con la facción liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Esta facción es conocida como ‘Los Chapitos’.

Según la imputación, los acusados habrían recibido millones de dólares provenientes del cartel.

El caso también señala que Rocha Moya habría sido beneficiado durante su elección en noviembre de 2021.

De acuerdo con las autoridades, ‘Los Chapitos’ habrían intervenido mediante secuestros e intimidación de rivales.

También se alega que el gobernador permitió que operaran con impunidad.

Tras conocerse las acusaciones, Rocha Moya rechazó categórica y absolutamente los señalamientos.

Afirmó que carecen de veracidad y fundamento.

El mandatario calificó la imputación como un ataque a su persona y a su movimiento político.

También aseguró que demostrará la falta de sustento de las acusaciones.

México responde y cuestiona falta de pruebas

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.

Este ataque no es únicamente…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

La embajada de Estados Unidos en México indicó que no puede comentar detalles específicos del caso.

Sin embargo, subrayó que investigará y castigará la corrupción vinculada al crimen organizado cuando tenga jurisdicción.

Por su parte, la Cancillería mexicana anunció que enviará una queja diplomática.

El motivo es la forma en que se hizo pública la acusación.

Señaló que en los documentos no se presentaron pruebas sobre los presuntos vínculos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Estas serán turnadas a la Fiscalía General de la República.

También advirtió que este tipo de información debe manejarse de forma confidencial.

Indicó que la difusión pública no se ajustó a esos lineamientos.

La Fiscalía deberá evaluar si existen elementos para proceder con detenciones.

Entre los exfuncionarios acusados se encuentran Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez.

También figuran exmandos policiales como Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras.

Se suma José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.

Todos enfrentan cargos por conspiración para narcotráfico y posesión de armas.

Las penas mínimas contempladas van desde cuarenta años de prisión hasta cadena perpetua.

En el caso de Valenzuela Millán, también se le acusa de participar en secuestros y asesinatos vinculados a un informante de la DEA.

Lo que viene: Las autoridades deberán determinar si avanzan procesos de extradición mientras crece la tensión diplomática.