Nueva ley migratoria de Nuevo México desata choque con Trump

DOJ demanda a Nuevo México

ICE pierde apoyo estatal

Ley migratoria genera choque

La entrada en vigor de una nueva ley migratoria en Nuevo México abrió un conflicto judicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

La disputa involucra tanto al gobierno estatal como a la ciudad de Albuquerque, según La Nación.

Por qué importa: El DOJ busca bloquear medidas que restringen la cooperación entre organismos públicos y autoridades migratorias federales.

La ley comenzará a aplicarse el 20 de mayo. La HB 9 limita contratos y uso de recursos públicos

La ley migratoria de Nuevo México limita acuerdos con ICE

La legislación estatal, conocida como Immigrant Safety Act o HB 9, prohíbe que organismos públicos celebren o renueven contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La restricción incluye gobiernos locales, agencias estatales, distritos escolares y otras entidades financiadas con recursos públicos.

La ley también exige finalizar los acuerdos vigentes relacionados con detención migratoria en el menor plazo permitido por cada contrato.

Otro de los puntos centrales es que impide utilizar propiedades públicas para facilitar operaciones vinculadas con el control migratorio federal.

La medida fue aprobada junto con una ordenanza municipal en Albuquerque denominada Safer Community Places Ordinance.

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La ordenanza establece que agentes de ICE no podrán usar instalaciones públicas como bibliotecas, hospitales, escuelas o parques como áreas de reunión o coordinación operativa.

Debido a la cercanía de la fecha de implementación, el Departamento de Justicia presentó una demanda para intentar frenar ambas medidas antes del 20 de mayo.

El DOJ argumenta que Nuevo México invade facultades federales

El Departamento de Justicia sostiene que la Constitución otorga exclusivamente al gobierno federal la autoridad sobre política migratoria.

“Nuevo México está intentando regular la política migratoria, algo que la Constitución otorga al gobierno federal facultades de forma clara y exclusiva para hacer”, sostuvo Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del DOJ.

“Nuestras demandas buscan detener las acciones inconstitucionales del estado y preservar la cooperación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales”, agregó.

El DOJ también afirmó que la HB 9 elimina mecanismos de cooperación entre agencias locales y federales que operaron durante décadas.

Según la demanda, las restricciones afectan investigaciones, traslados y detenciones realizadas por autoridades migratorias federales.

Otro punto cuestionado por el gobierno federal es la prohibición sobre el uso de propiedades públicas.

El Departamento de Justicia considera que impedir el uso de espacios municipales obstaculiza la aplicación de las leyes migratorias nacionales.

La demanda busca suspender la ley antes de su entrada en vigor

El gobierno federal solicitó al tribunal declarar inválidas tanto la HB 9 como las disposiciones locales aprobadas en Albuquerque.

“La Ley HB9 y la orden de la fiscalía del condado de Albuquerque interfieren ilegalmente con la aplicación de la ley federal de inmigración”, declaró Ryan Ellison, primer fiscal adjunto de Estados Unidos.

Ellison también aseguró que las medidas “discriminan ilegalmente las operaciones federales y violan las protecciones constitucionales relativas a los contratos y la supremacía federal”.

“Nuestra demanda solicita al tribunal que declare inválidas estas leyes y emita una orden judicial inmediata para impedir su aplicación”, agregó.

El litigio podría definir hasta dónde pueden llegar los estados y municipios para limitar la cooperación con agencias migratorias federales.

Mientras tanto, la HB 9 mantiene prevista su entrada en vigor para el 20 de mayo, a menos que un tribunal ordene suspenderla antes de esa fecha.