Tribunal de apelaciones permite a Trump reactivar deportaciones aceleradas en todo EE.UU.

Corte avala deportaciones aceleradas

Trump amplía expulsiones migrantes

Debate sobre debido proceso

Un tribunal federal de apelaciones autorizó a la administración del presidente Donald Trump a reanudar el uso del proceso de deportación acelerada en todo Estados Unidos.

La decisión representa un respaldo clave a su estrategia de expulsiones más rápidas dentro del sistema migratorio.

El fallo revoca una orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado la expansión del programa.

Aquel tribunal había advertido que su aplicación a gran escala podía vulnerar el debido proceso.

Tribunal de apelaciones autoriza deportaciones aceleradas en todo EE.UU.

Tribunal de apelaciones autoriza al Gobierno de Trump a ampliar el alcance de las deportaciones aceleradas de migrantes https://t.co/XuNCiDM9VP

— CNN en Español (@CNNEE) June 23, 2026

El debate central gira en torno a si el gobierno puede usar este mecanismo fuera del contexto fronterizo tradicional.

El panel de apelaciones emitió su decisión con una votación de 2 a 1, según Univision.

La resolución fue tomada por el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Distrito de Columbia.

El caso reabre una de las herramientas más controversiales de la política migratoria reciente.

El fallo del tribunal de apelaciones

#ÚltimaHora | Tribunal federal de apelaciones autoriza al gobierno de Trump reanudar las deportaciones aceleradas en EE. UU.⁰⁰https://t.co/nR0RWCXUl7

— Primer Impacto (@PrimerImpacto) June 23, 2026

La mayoría del panel estuvo integrada por los jueces Justin R. Walker y Neomi Rao.

Ambos fueron nominados por el presidente Donald Trump.

En su opinión, el juez Walker sostuvo que el Congreso autorizó al poder ejecutivo a definir el alcance del procedimiento.

Según el fallo, la expansión implementada en enero de 2025 se mantiene dentro de los límites legales.

Walker afirmó que el gobierno extendió el uso del mecanismo “hasta el máximo permitido por el Congreso”.

También señaló que no existe obligación legal de dar asesoría detallada a los detenidos.

Esa asesoría sería sobre cómo evitar la deportación acelerada.

El fallo revierte una decisión previa que había frenado la política.

Alcance del proceso de deportación acelerada

La expulsión acelerada permite deportar a personas sin audiencia ante un tribunal de inmigración.

Aplica a migrantes indocumentados que no prueben dos años de residencia continua en el país.

Con la expansión, agentes de ICE pueden aplicar este proceso en cualquier parte del territorio.

Las autoridades pueden exigir pruebas de arraigo en el momento de la detención.

Las directrices internas señalan que debe darse una oportunidad breve para presentar documentos.

Sin embargo, organizaciones civiles han cuestionado el margen de discreción de los agentes.

Argumentan que el poder en campo puede derivar en errores o decisiones apresuradas.

El caso ha reactivado preocupaciones sobre detenciones sin revisión judicial previa.

Reacciones divididas tras la decisión

El juez Robert L. Wilkins emitió el voto en contra dentro del panel.

Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama, cuestionó la aplicación del sistema en el interior del país.

Calificó la normativa como “lamentablemente inadecuada” fuera del contexto fronterizo.

También señaló que el Departamento de Seguridad Nacional no ha negado errores previos.

Según su postura, el sistema no garantiza suficiente información sobre el tiempo de residencia.

“Un procedimiento que puede resultar en la deportación (…) sin siquiera preguntarles cuánto tiempo llevan en el país podría satisfacer el debido proceso en la frontera, pero es inadecuado en el interior”, afirmó Wilkins.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, el asesor jurídico general James Percival celebró el fallo.

Afirmó que el circuito de DC “reivindicó” la postura del gobierno.

Percival defendió que el DHS había limitado el uso del mecanismo de forma “arbitraria” durante años.

También sostuvo que la decisión permite aplicar la ley como está escrita.

El funcionario añadió que “aún no es demasiado tarde” para la salida voluntaria.

En ese contexto, mencionó un estipendio de 2,600 dólares ofrecido por la administración.

Por su parte, el abogado de la ACLU, Anand Balakrishnan, criticó la decisión.

Advirtió que el sistema podría exponer a personas a errores en procesos acelerados.

Señaló que el fallo debilita el principio del debido proceso en deportaciones.

El caso sigue abierto en cuanto a sus próximos pasos legales.