Fiscales de 17 estados frenan norma que recorta salarios agrícolas H-2A

Fiscales rechazan recorte salarial

Norma afecta a trabajadores H-2A

Estados presentan fuerte oposición

Segun informa la agencia EFE, Una coalición de diecisiete fiscales estatales expresó rechazo firme a la nueva norma del Departamento de Trabajo que reduce significativamente los salarios de trabajadores agrícolas temporales bajo la visa H-2A.

Argumentaron que la medida perjudica directamente a miles de campesinos extranjeros que dependen de este programa y debilita protecciones históricamente diseñadas para evitar abusos laborales graves.

La coalición señala que la reducción salarial responde a políticas migratorias federales que generaron escasez de mano de obra agrícola, afectando negativamente a trabajadores más vulnerables del sector.

Fiscales rechazan recorte salarial al considerar que desplaza recursos hacia empleadores agrícolas, generando pérdidas sustanciales para comunidades que dependen de sueldos justos para subsistir.

Coalición demócrata alerta impacto en trabajadores

Fiscales rechazan plan de Trump para reducir el salario de los campesinos con visa H-2A #NoticiasSIN

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Rob Bonta, fiscal de California, lidera esta oposición argumentando que la norma afecta directamente a estados con industrias agrícolas robustas que dependen de mano de obra temporal extranjera.

Según Bonta, la decisión del Departamento de Trabajo se “aprovecha” de trabajadores agrícolas para resolver problemas derivados de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Bonta advierte que California podría enfrentar consecuencias severas debido a la magnitud de su producción agrícola y la alta demanda de trabajadores estacionales en sus cultivos.

La coalición resalta que el programa H-2A fue creado para proteger condiciones laborales y permitir equilibrio salarial, metas que consideran amenazadas por la nueva norma federal.

Fiscales rechazan recorte salarial derivado de nueva metodología

Fiscales rechazan recorte salarial por nueva norma federal FOTO: SHUTTERSTOCK

La nueva normativa modifica la metodología histórica utilizada para fijar salarios mediante la Tasa Salarial de Efecto Adverso, que garantizaba compensación justa para trabajadores extranjeros.

El cambio establece salarios reducidos de trece dólares con cuarenta y cinco centavos para trabajadores iniciales y quince dólares con setenta y un centavos para trabajadores experimentados.

Los fiscales afirman que esta reducción favorecerá principalmente a empleadores agrícolas, trasladando cerca de dos mil cuatrocientos sesenta millones de dólares desde los salarios hacia beneficios empresariales.

Fiscales rechazan recorte salarial señalando que esta desviación debilitará ingresos de trabajadores agrícolas, perjudicando estabilidad económica y capacidad de sostener sus familias adecuadamente.

Reducción salarial beneficiaría a empleadores agrícolas

Fiscales rechazan recorte salarial por nueva norma federal FOTO: SHUTTERSTOCK

El programa H-2A exige que empleadores proporcionen vivienda, transporte y salarios mínimos establecidos históricamente para proteger a trabajadores temporales de abusos y explotación.

La nueva norma reduce costos de vivienda para empleadores, generando un beneficio financiero adicional a costa de reducir protecciones esenciales para campesinos extranjeros contratados temporalmente.

El Economic Policy Institute informó que más de trescientos cincuenta mil trabajadores podrían experimentar disminuciones salariales anuales superiores a dos mil millones de dólares.

Estas reducciones representan entre el veintiséis y treinta y dos por ciento de sus salarios anuales, afectando gravemente su sustento y estabilidad económica en el sector rural.

Fiscales rechazan recorte salarial que afectaría a cientos de miles

El Economic Policy Institute advierte que recortes para trabajadores H-2A ejercerán presión salarial negativa sobre campesinos estadounidenses, reduciendo ingresos anuales totales hasta aproximadamente nueve por ciento.

La pérdida combinada para trabajadores nacionales y extranjeros podría alcanzar entre cuatro mil cuatrocientos y cinco mil cuatrocientos millones de dólares anuales según estimaciones del instituto.

Estos recortes salariales afectarían directamente a comunidades agrícolas vulnerables, profundizando desigualdad y dificultando sostener empleos estables en regiones dependientes del trabajo agrícola.

Fiscales rechazan recorte salarial afirmando que la norma exacerbará injusticias económicas, afectará competitividad laboral y deteriorará calidad de vida para miles de trabajadores en Estados Unidos.

Proyecciones económicas alertan pérdidas multimillonarias

Las pérdidas salariales previstas representan entre el diez y doce por ciento del ingreso total del sector agrícola si la norma se implementa plenamente durante el próximo año.

El impacto económico podría generar reducciones significativas en consumo local, afectando también a comunidades que dependen de ingresos agrícolas para sostener economías regionales.

Los fiscales sostienen que la norma aumenta brechas socioeconómicas al favorecer intereses empresariales en detrimento de trabajadores esenciales que sustentan la producción agrícola nacional.

Advierten que estas pérdidas multimillonarias crean condiciones laborales más precarias, disminuyendo protección histórica y debilitando estructuras salariales diseñadas para garantizar estabilidad social.

Estados formalizan oposición y exigen revisar norma

Fiscales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Washington apoyaron a California.

El grupo presentó una carta formal solicitando al Departamento de Trabajo reconsiderar la norma y realizar un análisis más profundo de sus impactos sociales y económicos.

Los fiscales argumentan que la medida amenaza décadas de avances para proteger a trabajadores agrícolas, especialmente aquellos sujetos a vulnerabilidad dentro del programa H-2A.

La coalición exige transparencia, participación estatal y revisión completa para evitar que la norma perjudique comunidades rurales que ya enfrentan condiciones laborales difíciles y salarios limitados.