Departamento de Justicia demanda a Virginia por restricciones a agentes de ICE

DOJ demanda a Virginia

ICE pierde uso de máscaras

Choque por autoridad federal

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el gobierno de Virginia por una legislación que impedirá a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizar máscaras durante operativos de detención de inmigrantes sin estatus legal.

El conflicto enfrenta las facultades del gobierno federal con las medidas impulsadas por la administración estatal para reforzar la identificación y supervisión de los agentes.

Desde el 17 de enero, cuando Abigail Spanberger asumió como gobernadora de Virginia, una de sus prioridades ha sido establecer mecanismos de protección para los inmigrantes que viven en el estado.

Las medidas buscan responder al riesgo que enfrentan algunas personas de ser detenidas por agentes de ICE y posteriormente deportadas a sus países de origen.

DOJ demanda a Virginia por una legislación de agentes de ICE

The Justice Department is suing Virginia over new state laws limiting federal immigration enforcement, including a ban on federal agents wearing masks. https://t.co/guEHfnjUg0

— The Washington Post (@washingtonpost) June 13, 2026

Como parte de esa agenda, la administración estatal promovió nuevas leyes relacionadas con la actuación de los agentes federales durante operativos migratorios.

Las iniciativas incluyen requisitos de identificación para los agentes y restricciones a la cooperación entre autoridades locales y estatales con agencias federales en operaciones de inmigración.

Spanberger defendió públicamente estas medidas y cuestionó el uso de mascarillas por parte de agentes del orden.

“Los agentes del orden que usan mascarillas en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública”, señaló la gobernadora demócrata de 46 años mediante un comunicado.

Las leyes entrarán en vigor en julio

DOJ files lawsuit after Virginia law bans federal officers from wearing masks https://t.co/4BKYjwgXYw

— Nicholas A Ballasy (@NicholasBallasy) June 13, 2026

Las disposiciones aprobadas por el gobierno estatal comenzarán a aplicarse a partir de julio.

Entre ellas destacan las leyes SB 352 y SB 783, que forman parte de los cambios impulsados por la administración de Virginia.

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Sin embargo, la entrada en vigor de estas normas provocó la reacción del gobierno federal.

El DOJ decidió presentar una demanda al considerar que varios aspectos de ambas legislaciones entran en conflicto con la autoridad federal.

La querella sostiene que la prohibición del uso de mascarillas y los requisitos de identificación impuestos a los agentes federales vulneran la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Según el argumento federal, dicha cláusula establece la autoridad de las fuerzas del orden federales por encima de las agencias estatales y locales.

El DOJ argumenta riesgos para la seguridad de los agentes

En su demanda, el Departamento de Justicia cuestionó específicamente el contenido de la ley SB 352.

“El proyecto de ley SB 352 ignora de forma temeraria la seguridad de los agentes, la seguridad pública y las necesidades operativas federales”, indica parte del documento presentado por el gobierno federal.

Además, el DOJ también objetó la ley SB 783, relacionada con las asociaciones entre agencias federales, estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley.

La dependencia sostiene que esta legislación viola tanto la Cláusula de Contratos como la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

De acuerdo con la demanda, la norma afecta acuerdos previamente establecidos entre distintos niveles de gobierno.

“Invalida contratos válidos y existentes, y pretende imponer condiciones onerosas e ilegales a los agentes federales que operan en Virginia, condiciones que Estados Unidos no puede aceptar porque entran en conflicto con la ley federal y ponen en riesgo la seguridad de los agentes”, enfatiza el documento judicial.

Lo que viene: La disputa ahora quedará en manos de los tribunales, donde se definirá si las nuevas leyes de Virginia pueden entrar en vigor tal como fueron aprobadas o si prevalecen los argumentos constitucionales planteados por el Departamento de Justicia.