ICE niega salarios a inmigrantes detenidos y desata nueva polémica nacional

ICE niega derechos salariales.

Eliminan pago diario mínimo.

Crecen críticas a GEO Group.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actualizó los estándares que regulan los centros de detención migratoria en Estados Unidos y dejó una definición que ya está generando controversia entre organizaciones defensoras de inmigrantes, legisladores y expertos en derechos laborales.

La modificación establece que las personas detenidas bajo custodia migratoria no son consideradas empleados, por lo que no tendrían acceso a salarios ni beneficios laborales protegidos por leyes estatales o locales.

Por qué es importante: La decisión llega en medio de una creciente presión sobre el sistema migratorio estadounidense y mientras varias empresas privadas que administran centros de detención enfrentan demandas relacionadas con las condiciones de trabajo de los inmigrantes recluidos.

ICE elimina referencias salariales y redefine el estatus de los detenidos

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Los cambios fueron revelados por una investigación de The Washington Post, que señala que la nueva versión de los estándares nacionales elimina referencias previas relacionadas con compensaciones económicas para las personas detenidas.

Las normas anteriores contemplaban que algunos inmigrantes pudieran recibir al menos un dólar diario por determinadas tareas realizadas dentro de los centros.

Sin embargo, el nuevo documento establece que los detenidos “no son empleados” y, por lo tanto, no están sujetos a regulaciones laborales estatales o locales relacionadas con salarios mínimos, prestaciones o beneficios laborales.

La modificación tiene implicaciones importantes porque podría fortalecer la posición legal de las compañías privadas que operan instalaciones de detención frente a diversas demandas presentadas en distintos estados.

Diversos inmigrantes han argumentado en tribunales que realizaron labores consideradas esenciales para el funcionamiento de los centros a cambio de una compensación mínima de apenas un dólar por día.

Las empresas involucradas sostienen que estas actividades forman parte de programas voluntarios autorizados por el Gobierno federal y que no constituyen una relación laboral tradicional.

GEO Group queda en el centro de la polémica por los cambios

La investigación también señala que GEO Group, una de las compañías privadas más grandes dedicadas a la administración de centros de detención migratoria, habría propuesto modificaciones al lenguaje utilizado en las regulaciones federales.

La empresa actualmente enfrenta litigios relacionados con presuntas violaciones a leyes estatales de salario mínimo.

Este contexto ha provocado nuevas críticas sobre el papel que desempeñan los operadores privados dentro del sistema migratorio estadounidense.

Además, la controversia aumentó debido a que dos figuras relevantes de la política migratoria de la administración Trump tienen antecedentes laborales vinculados con GEO Group.

Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, y David Venturella, actual director interino de ICE, trabajaron previamente para la compañía.

Ese historial ha generado cuestionamientos entre legisladores demócratas y organizaciones civiles sobre una posible influencia de intereses privados en la elaboración de las nuevas normas.

“El cambio beneficia directamente la posición legal de una empresa que enfrenta litigios laborales”, señala el reporte.

El aumento récord de detenciones intensifica el escrutinio público

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La discusión surge en un momento de crecimiento sostenido de la población detenida dentro del sistema migratorio estadounidense.

Según datos citados por The Washington Post, más de 73,000 inmigrantes permanecían detenidos a principios de este año, una de las cifras más altas registradas desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

El incremento de personas bajo custodia ha ampliado la participación de compañías privadas en la operación de instalaciones migratorias en todo el país.

Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo mayor transparencia sobre las condiciones de detención, el acceso a servicios básicos y los programas de trabajo que funcionan dentro de estos centros.

La actualización de los estándares nacionales de ICE podría convertirse en un nuevo frente de batalla legal y política en torno a los derechos de los inmigrantes detenidos y el papel de las empresas privadas dentro del sistema migratorio estadounidense.

Lo que viene

Las demandas relacionadas con programas de trabajo en centros de detención continúan avanzando en distintas jurisdicciones, mientras grupos defensores de inmigrantes anticipan nuevos cuestionamientos legales sobre la aplicación de las normas recientemente aprobadas.