Crisis en Texas: ciudades enfrentan represalias por limitar a ICE

Texas presiona a ciudades

Choque por políticas migratorias

Aumentan detenciones sin récord

La tensión entre el Gobierno de Texas y ciudades como Austin y Houston se intensifica por políticas que limitan la colaboración policial con ICE.

Por qué importa: el conflicto ocurre en medio de un aumento significativo en la detención de migrantes, muchos sin récord criminal, en Estados Unidos.

El fiscal general Ken Paxton abrió una investigación contra Austin tras nuevas directrices sobre cómo actuar ante órdenes administrativas de inmigración.

Políticas migratorias en Texas escalan conflicto estatal

Texas presiona a ciudades contra políticas de inmigración. ¡Los cambios están en marcha!https://t.co/aXYd4JvMNO

— Diario La Tribuna (@LaTribunahn) April 16, 2026

En Houston, autoridades evalúan revertir medidas similares ante la amenaza del gobernador Greg Abbott de retirar más de 100 millones de dólares en fondos.

El gobierno estatal sostiene que estas políticas impiden a las autoridades cumplir con labores de control migratorio, según Efe.

Abogados y activistas argumentan que el estado se está extralimitando al intervenir en decisiones locales.

Directrices buscan limitar detenciones prolongadas

Texas amenaza a ciudades por políticas sobre ICE en medio de aumento récord en detenciones https://t.co/SdwveieORS

— Departamento19 (@Departamento19) April 16, 2026

Las nuevas normas en Austin y Houston regulan la capacidad policial para extender detenciones durante encuentros como paradas de tráfico.

El objetivo es evitar que una persona sea retenida más tiempo del necesario para facilitar un arresto por parte de ICE.

Las directrices también limitan la coordinación cuando existe una “orden administrativa” de inmigración.

Este tipo de orden se emite cuando el Gobierno sospecha que alguien está en el país de manera irregular.

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Según defensores legales, estas medidas no impiden la ley, sino que refuerzan derechos constitucionales.

Caro Rivera Nelson, abogada de la ACLU en Texas, expresó preocupación por lo que considera un intento estatal de “empujar los límites de lo permitido por la ley”.

Afirmó que las directrices “cumplen plenamente con la legislación estatal y federal”.

“La orden administrativa no es una base suficiente para detener a alguien. Se necesita una orden firmada por un juez”, explicó.

También señaló que este principio está respaldado por precedentes del Tribunal Supremo.

Estado enfrenta críticas por amenazas y financiamiento

Rivera Nelson advirtió que la intervención estatal busca “difuminar la línea” entre órdenes administrativas y judiciales.

“Si alguien va a ser detenido durante una parada de tráfico, debe existir causa probable bajo la Cuarta Enmienda”, señaló.

Insistió en que las órdenes administrativas no son suficientes por sí solas.

La abogada también cuestionó las amenazas de retirar financiamiento estatal a ciudades.

Indicó que estas medidas son “de gran alcance” y podrían afectar a múltiples jurisdicciones.

“No es justo para los texanos retener recursos públicos por una disputa política”, sostuvo.

Confianza comunitaria en juego

Organizaciones comunitarias destacan el impacto de estas políticas en la confianza hacia la policía.

César Espinosa, director de FIEL Houston, afirmó que las directrices buscan “restablecer la confianza que actualmente falta”.

Explicó que confundir a la policía local con autoridades federales reduce la disposición a denunciar delitos.

“Si la gente confunde a la policía local con el Gobierno federal, no confiará en los agentes”, señaló.

Espinosa considera que estas medidas generan “seguridad real para toda la comunidad”.

También advirtió sobre casos de deportaciones tras llamadas policiales a ICE.

Esto ha incrementado el temor en barrios con alta población migrante.

“Recibimos reportes todos los días de personas que ven paradas de tráfico y piensan que es ICE”, explicó.

Según dijo, esto está generando miedo y ansiedad en comunidades enteras.

A nivel nacional, los arrestos de migrantes sin récord criminal han aumentado un 770 %.

Las detenciones en la vía pública crecieron más de un 1.000 % durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.