Supremo analiza cambio clave en ciudadanía de EE.UU.

Supremo analiza ciudadanía

Trump impulsa decreto

Caso histórico constitucional

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para responder a una de las preguntas constitucionales más relevantes y menos abordadas en más de un siglo: ¿quién califica como ciudadano estadounidense?

Por qué importa: La decisión podría redefinir el alcance de la ciudadanía por nacimiento y afectar a millones de personas en el país.

Una audiencia clave sobre ciudadanía por nacimiento

CONSTITUTIONAL CLASH: The Supreme Court is poised to answer a fundamental question on who qualifies as an American citizen, holding oral arguments this week to review President Trump’s efforts to limit birthright citizenship in the United States. pic.twitter.com/3b6pUDjcQR

— Fox News (@FoxNews) March 29, 2026

Este miércoles, los jueces del Tribunal Supremo celebrarán una vista oral centrada en las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump.

El caso examina su intento de limitar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos.

Se trata de un proceso histórico con implicaciones legales, sociales y políticas de gran alcance.

La discusión gira en torno a un decreto firmado por el presidente en su primer día tras regresar al cargo.

Esa orden propone eliminar la ciudadanía automática para personas nacidas en el país de padres indocumentados o con estatus legal temporal.

El cambio representaría una ruptura con más de 150 años de jurisprudencia, según Fox News.

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Críticos señalan que modificaría una interpretación histórica de la Constitución.

Mientras tanto, la implementación del decreto permanece en suspenso.

Se espera que el Tribunal emita una resolución en un plazo aproximado de tres meses.

La reinterpretación de la Enmienda 14

BREAKING: The United States Supreme Court is set to consider UPHOLDING President Trump’s executive order ending birthright citizenship for illegal immigrants and migrants who exploit the system.

: @kayleighmcenany pic.twitter.com/wWrgDJShSd

— America First Policy Institute (@A1Policy) March 28, 2026

En el centro del caso está la reinterpretación de la Decimocuarta Enmienda.

Esta establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos.

También incluye a quienes están sujetos a su jurisdicción.

El presidente sostiene que esta disposición ha sido malinterpretada durante décadas.

La orden ejecutiva plantea una nueva lectura de ese principio constitucional.

El Decreto Ejecutivo 14160 busca restringir quién puede acceder a la ciudadanía por nacimiento.

Afectaría a personas nacidas después del 19 de febrero de 2025.

Incluye a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales de no inmigrante.

Además, instruye a agencias federales a no emitir ni aceptar documentos que reconozcan esa ciudadanía.

El texto del decreto subraya el valor de la ciudadanía estadounidense.

También afirma que la Enmienda no garantiza ciudadanía universal por nacimiento.

Un contexto de disputas legales más amplias

Este caso forma parte de una serie de recursos que el Tribunal Supremo analiza este trimestre.

Es el cuarto de cinco apelaciones relacionadas con la agenda ejecutiva del presidente.

El tribunal, compuesto por nueve jueces, ya ha tomado decisiones recientes en otros temas.

Entre ellas, anuló aranceles de represalia impuestos a otros países.

Esa medida se basaba en una ley de emergencia económica.

En abril, los jueces abordarán otra disputa relevante.

Se centrará en el fin de protecciones para migrantes con estatus de protección temporal.

También están pendientes resoluciones sobre la autoridad presidencial.

Incluyen la capacidad de destituir miembros de organismos independientes.

Entre ellos, gobernadores de la Reserva Federal.

En procesos de emergencia, el Gobierno ha obtenido resultados favorables.

Estos casos han tratado la aplicación temporal de políticas impugnadas.

Incluyen temas como inmigración, recortes de gasto federal y cambios en el ejército.

La decisión final sobre la ciudadanía por nacimiento podría marcar un precedente duradero.

Su impacto dependerá de cómo el Tribunal interprete la Constitución en este caso.