Jubilados de California podrían verse afectados por la insolvencia de la Seguridad Social

Los jubilados de California podrían enfrentar una reducción cercana al 22% en sus pagos del Seguro Social a partir de 2032 si el Congreso no aprueba una reforma antes de que se agoten las reservas del programa.

Aunque los beneficios continúan pagándose con normalidad, expertos advierten que algunos condados del estado dependen en gran medida de estos ingresos y serían los más afectados si no se toman medidas a tiempo.

Por qué importa: Para millones de adultos mayores, el Seguro Social es la principal fuente de ingresos para cubrir vivienda, alimentos y atención médica. Un eventual recorte también tendría efectos sobre las economías locales que dependen de estas prestaciones.

Informe que alerta sobre un posible recorte del Seguro Social en California

La advertencia proviene del Informe 2026 de los Administradores del Seguro de Vejez, Supervivencia e Incapacidad, publicado por la Administración del Seguro Social.

El documento estima que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Supervivencia (OASI) podría agotar sus reservas durante el cuarto trimestre de 2032, tres meses antes de lo previsto el año pasado.

Hasta entonces, los beneficiarios seguirán recibiendo el 100% de sus pagos programados.

Sin embargo, si el Congreso no aprueba una reforma antes de esa fecha, los ingresos del programa solo permitirían pagar alrededor del 78% de las prestaciones.

Según un análisis de SmartAsset, eso equivaldría a una reducción aproximada del 22%.

«Eso significaría que, si el Congreso no actúa antes de 2032, habría una reducción inmediata y generalizada del 22% en los pagos de prestaciones», explicó Toby Nelson, representante de SmartAsset, en declaraciones a The Center Square.

Estas zonas de California serían las más vulnerables

El impacto no sería igual en todo el estado.

El estudio de SmartAsset identifica al condado de Amador como el más expuesto, ya que los pagos del Seguro Social representan el 11,4% de los ingresos locales y benefician a unas 12.280 personas.

En Los Ángeles, más de 1,5 millones de residentes reciben estas prestaciones, la cifra más alta de cualquier condado del país.

En contraste, San Francisco sería uno de los menos afectados, ya que el Seguro Social representa alrededor del 1,9% de los ingresos del condado.

Nelson señaló que el análisis revisó más de 3.000 condados para determinar cuáles dependen en mayor medida de estos pagos y, por lo tanto, serían más sensibles a un recorte.

FOTO: ChatGPT

Expertos advierten un impacto más amplio para la economía del país

Las consecuencias no se limitarían a los jubilados.

Un estudio del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, citado por CNBC, concluye que retrasar una reforma del Seguro Social también podría afectar el mercado de bonos y generar incertidumbre para la economía estadounidense.

En California, autoridades locales coinciden en que los condados con una población más envejecida enfrentarían mayores dificultades.

Patrick Crew, supervisor del condado de Amador, afirmó que un recorte del 22% supondría una fuerte presión para miles de jubilados que dependen principalmente de estos ingresos.

«Aquí tenemos una población que envejece», declaró Crew a The Center Square. «Creo que somos una de las poblaciones más envejecidas del condado, así que nos afectaría más que a la población general».

Según el funcionario, muchos adultos mayores podrían verse obligados a recurrir a bancos de alimentos o aplazar gastos médicos para cubrir otras necesidades básicas.

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FOTO: ChatGPT

¿Habrá cambios inmediatos en los pagos del Seguro Social?

Por ahora, la respuesta es no.

La Administración del Seguro Social continúa pagando el 100% de las prestaciones y no existe ninguna reducción aprobada.

Sin embargo, el informe vuelve a aumentar la presión sobre el Congreso para aprobar una reforma antes de 2032 y evitar una disminución automática de los beneficios.

Desde el grupo parlamentario republicano de la Asamblea de California también advirtieron que un recorte afectaría a una población que ya enfrenta altos costos de vivienda, alimentos, gasolina y servicios públicos.

Mientras no haya cambios en la legislación, los pagos del Seguro Social continuarán realizándose con normalidad, aunque las proyecciones mantienen abierto el debate sobre el futuro financiero del programa.