Trump reactiva plan para devolver derechos de armas a condenados

Trump devuelve derechos de armas

Restablecen derechos a 22 personas

Polémica por plan de armas

La administración Trump comenzó a restaurar silenciosamente los derechos de armas a personas condenadas, mientras impulsa un plan que podría generar una ola masiva de solicitudes.

El Gobierno de Trump restauró silenciosamente los derechos de armas a 22 personas que los habían perdido por delitos graves, acusaciones u otras condenas este año.

La medida ocurre mientras el gobierno se prepara para reactivar un programa inactivo durante décadas que facilitaría la recuperación del derecho a poseer armas.

A finales de febrero, funcionarios del Departamento de Justicia publicaron en el Registro Federal los nombres de casi dos docenas de personas beneficiadas.

Restauración de derechos de armas a 22 personas

Exclusive: Trump DOJ quietly restores gun rights to 22 felons and offenders, including AZ lawmaker, as it prepares to revive a long-dormant program that’s expected to draw a tsunami of applications. https://t.co/Othfp7SEzv

— USA TODAY (@USATODAY) March 10, 2026

Los delitos de esas personas incluyen infracciones no violentas relacionadas con drogas, así como casos de soborno y fraude.

Entre los beneficiarios figuran personas que habían solicitado previamente indultos o conmutaciones de pena.

También aparecen personas que han presentado demandas recientes contra el propio Departamento de Justicia.

El proceso actual es considerado por algunos como una señal de lo que podría ocurrir cuando el nuevo protocolo entre en vigor.

Caso de senador estatal genera atención

The AZ Legislator who introduced the Charlie Kirk license plate bill, Jake Hoffman, has gotten millions from Turning Point in the past four years. $17 per license plate would have gone to Turning Point USA, essentially putting money right into Jake’s pocket. pic.twitter.com/BqxqWmR0N4

— TheRealThelmaJohnson (@TheRealThelmaJ1) March 8, 2026

Uno de los casos más notorios es el de Jake Hoffman, senador estatal de Arizona.

Hoffman fue acusado de participar en el esquema de electores falsos destinado a mantener a Trump en la Casa Blanca tras las elecciones de 2020.

El presidente Trump ya lo había indultado por cualquier cargo federal relacionado con ese caso.

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Sin embargo, Hoffman enfrenta una acusación estatal en Arizona.

Debido a esa acusación estatal, tenía prohibido a nivel federal comprar nuevas armas de fuego.

La ley federal generalmente prohíbe la posesión de armas a personas condenadas por delitos graves.

También bloquea la venta de armas a individuos condenados por delitos menores relacionados con violencia doméstica.

El restablecimiento de derechos en este caso ilustra cómo el Departamento de Justicia está aplicando el mecanismo de alivio existente.

Plan para reactivar programa suspendido desde 1992

Restauración de derechos de armas a 22 personas. Foto ChatGPT

La administración Trump también planea intensificar un procedimiento para restaurar derechos que ha estado inactivo desde 1992.

Ese mecanismo permitiría que delincuentes no violentos soliciten recuperar su derecho a poseer armas.

Grupos de defensa del derecho a portar armas respaldan la reactivación del programa.

Adam Kraut, director ejecutivo de la Fundación de la Segunda Enmienda, dijo que el tema afecta a millones de personas.

“Millones de personas han sido privadas de sus derechos por delitos no violentos desde hace muchos años”, afirmó Kraut.

“Hemos apoyado una serie de casos que demostraron la inconstitucionalidad de una prohibición de por vida”.

Según el Departamento de Justicia, el proceso actual podría anticipar un volumen mucho mayor de solicitudes.

El organismo estima que el nuevo protocolo podría recibir hasta un millón de solicitudes al año.

En febrero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el derecho a poseer armas.

Posteriormente, en julio, el Departamento de Justicia propuso un proceso formal para que delincuentes y otros compradores indebidos soliciten recuperar sus derechos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la Asociación Nacional de Derechos de Armas.

Sin embargo, la medida ha recibido críticas de grupos de prevención de la violencia armada.

Entre los críticos se encuentran Everytown y el Consorcio para Políticas de Armas de Fuego Basadas en el Riesgo.

Estos grupos advierten sobre las posibles consecuencias de ampliar el acceso a armas para personas previamente condenadas.

Mientras el gobierno avanza con el nuevo sistema, el debate sobre el equilibrio entre derechos constitucionales y seguridad pública continúa intensificándose en Estados Unidos.