¿A dónde va el dinero público? Revelan pagos por acuerdos extrajudiciales de acoso sexual en el Congreso de EE.UU.

Pagos públicos por acoso

Acuerdos confidenciales millonarios

Congresistas implicados renunciaron

El uso de dinero de los contribuyentes para resolver denuncias internas vuelve a poner bajo escrutinio al Congreso de Estados Unidos.

Documentos revisados recientemente muestran cómo acuerdos confidenciales por acoso sexual fueron financiados durante años con recursos públicos, lo que reabre el debate sobre transparencia y rendición de cuentas en el poder legislativo.

Por qué es importante: La revelación expone un patrón institucional que permitió resolver acusaciones graves sin supervisión pública directa, utilizando dinero federal.

Pagos superan los US$ 300.000 en acuerdos confidenciales

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Según la representante republicana Nancy Mace y documentos revisados por CNN, los contribuyentes de EE.UU. han pagado más de US$ 300.000 en acuerdos confidenciales por acoso sexual en nombre de seis exmiembros de la Cámara de Representantes o sus oficinas.

La Oficina de Derechos Laborales del Congreso entregó esta información tras una citación impulsada por Mace, quien ha liderado esfuerzos para aumentar la transparencia tras varios escándalos que terminaron en renuncias de alto perfil.

Un análisis de más de 1.000 páginas de expedientes revela denuncias, notas legales y acuerdos que sugieren que algunos legisladores “se aprovecharon de sus posiciones de poder para maltratar a su personal”.

Cientos de casos y múltiples acuerdos desde 1996

Entre el 1 de enero de 1996 y el 12 de diciembre de 2018, la oficina aprobó 349 indemnizaciones o acuerdos extrajudiciales relacionados con quejas dentro del poder legislativo.

De ese total, 80 casos fueron resueltos directamente por oficinas de la Cámara o el Senado, y al menos siete estuvieron vinculados específicamente con denuncias de acoso sexual.

Los pagos se realizaron con fondos públicos provenientes de una cuenta del Tesoro que ya no está disponible para legisladores.

Además, 23 expedientes fueron eliminados conforme a la política interna. Como explicó el asesor jurídico John N. Ohlweiler:

“Esta ‘Política de Retención de Registros de OCWR’ se implementó en 2013 para alinear a OCWR con las prácticas habituales de retención de registros en todo el Gobierno”.

Acuerdos sin admisión de culpa y bajo confidencialidad

Los documentos revisados muestran que estos acuerdos no implican admisión de culpabilidad.

En uno de ellos se establece que la oficina acepta el acuerdo “para evitar las molestias de un litigio prolongado y los gastos que dicho litigio supondría para las partes y los contribuyentes”.

También se detalla cómo deben manejarse las condiciones de salida laboral del demandante, lo que evidencia un proceso estructurado para cerrar los casos fuera de tribunales.

Cambios tras #MeToo y casos emblemáticos

Tras reformas implementadas en 2018, los legisladores ya no pueden utilizar fondos públicos para este tipo de acuerdos.

Desde entonces, según la Comisión de Ética, “la Comisión no ha recibido notificación alguna de indemnizaciones o acuerdos relacionados con acusaciones de acoso sexual por parte de un miembro”.

Mace también identificó a seis exlegisladores vinculados a estos pagos.

Entre ellos destacan John Conyers y Blake Farenthold, quienes renunciaron al congreso tras enfrentar acusaciones públicas.

En el caso de Conyers, los documentos muestran pagos superiores a US$ 27.000 y otro de US$ 50.000.

Farenthold, por su parte, estuvo involucrado en un acuerdo de US$ 84.000. Aunque negó algunas acusaciones, se disculpó por su comportamiento y prometió reembolsar el dinero.

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Lo que viene: presión por mayor transparencia

El caso vuelve a poner presión sobre el Congreso para garantizar mecanismos de control más estrictos.

Aunque las reglas han cambiado, el uso pasado de fondos públicos sigue generando cuestionamientos sobre cómo se manejaron estas denuncias y qué responsabilidades aún quedan por esclarecer.