Corte Suprema rechaza demanda de rastafari al que le cortaron su cabello en prisión

Corte falla contra rastafari

Cortaron rastas en prisión

Rechazan indemnización por daños

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes en contra de un devoto rastafari que buscaba una indemnización después de que funcionarios penitenciarios de Louisiana le cortaran las rastas, pese a que él argumentó que la acción violó sus derechos religiosos.

La decisión, adoptada por 6 votos contra 3, determinó que Damon Landor no puede reclamar daños y perjuicios bajo la Ley sobre Uso Religioso de la Tierra y Personas Institucionalizadas (RLUIPA, por sus siglas en inglés).

El fallo dividió al tribunal según líneas ideológicas, con los jueces conservadores formando la mayoría y los liberales expresando su desacuerdo.

El caso llamó la atención porque representa una de las pocas ocasiones recientes en que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, rechazó un reclamo basado en la libertad religiosa.

En los últimos años, el tribunal ha respaldado repetidamente demandas similares presentadas por grupos religiosos, principalmente cristianos.

Los Guardias ignoraron una orden judicial

FOTO: Shutterstock

Los hechos ocurrieron en 2020 en el Centro Correccional Raymond Laborde, donde Landor fue trasladado mientras cumplía una condena de cinco meses por posesión de drogas.

Según los documentos judiciales, los agentes penitenciarios esposaron a Landor a una silla y le afeitaron la cabeza a pesar de sus protestas.

Minutos antes, el recluso les había mostrado una copia de una decisión judicial vinculante que establecía que obligar a un rastafari a cortarse las rastas constituía una violación de sus derechos religiosos.

De acuerdo con el expediente, los guardias habrían tirado ese documento a la basura antes de inmovilizarlo y proceder a cortarle el cabello.

Las rastas de Landor llegaban hasta las rodillas y habían crecido durante casi dos décadas.

El hombre había realizado previamente un compromiso religioso conocido como el voto nazareo, que le impedía cortarse el cabello. Antes de llegar a Raymond Laborde, había permanecido en otros dos centros penitenciarios sin enfrentar problemas relacionados con su apariencia religiosa.

La mayoría rechazó permitir una demanda

Al redactar la opinión mayoritaria, el juez conservador Neil Gorsuch concluyó que la RLUIPA no autoriza demandas por daños económicos contra funcionarios estatales individuales.

Según explicó, la ley se aplica a instituciones que reciben fondos federales, pero no implica automáticamente que empleados específicos puedan ser considerados personalmente responsables.

“El Sr. Landor pretendería que dictamináramos, por primera vez, que siempre que un centavo de gasto federal llegue a manos de un individuo —por muy indirectamente que sea—, el Congreso puede regular su conducta directamente basándose en la ficción de que dicha persona ha consentido tal regulación”, escribió Gorsuch. “Nada de eso es coherente con nuestros precedentes”.

La opinión también sostuvo que los funcionarios involucrados nunca aceptaron explícitamente asumir responsabilidad personal bajo la legislación federal, por lo que la demanda no podía continuar.

Los jueces liberales advierten consecuencias

En su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson sostuvo que el propósito principal de la RLUIPA es garantizar que las prisiones estatales y locales respeten la libertad religiosa de las personas encarceladas.

Jackson afirmó que la decisión limita significativamente la capacidad de los reclusos para buscar justicia cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.

“Los reclusos como Landor que sufren violaciones de su libertad religiosa en prisiones estatales —por muy flagrantes que sean— a menudo se quedarán sin recurso alguno”, escribió.

La magistrada también argumentó que la interpretación adoptada por la mayoría podría debilitar otras leyes federales importantes relacionadas con derechos civiles, medio ambiente y salud.

Un caso con amplio trasfondo legal

El litigio se apoyaba en la RLUIPA, una ley aprobada por el Congreso para reforzar las protecciones de libertad religiosa dentro de instituciones como cárceles y centros de detención.

Los abogados de Landor señalaron que la Corte Suprema ya había determinado en 2020 que otra legislación muy similar, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), sí permite reclamar indemnizaciones contra funcionarios gubernamentales en determinadas circunstancias.

Sin embargo, Louisiana argumentó que la RLUIPA funciona como un acuerdo de financiación entre el gobierno federal y los estados que reciben recursos para sus prisiones.

Según esa postura, los funcionarios que cortaron el cabello de Landor no eran parte de ese acuerdo y, por tanto, no podían ser responsabilizados personalmente.

Los tribunales inferiores respaldaron esa interpretación.

Aunque el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito condenó enérgicamente el trato recibido por Landor, concluyó que la ley no le permitía presentar una demanda por daños.

La decisión también generó críticas de grupos defensores de la separación entre Iglesia y Estado. Rachel Laser, presidenta de Americans United for Separation of Church and State, sostuvo que el fallo refleja una diferencia de trato respecto a otros casos recientes de libertad religiosa que han llegado ante la Corte Suprema.