Jueza frena orden de Trump que buscaba limitar el voto por correo

Jueza bloquea orden de Trump

Frenan cambios electorales

Continúa batalla judicial

Una jueza federal de Massachusetts bloqueó este jueves dos disposiciones centrales de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para modificar aspectos del voto por correo en las elecciones federales.

La decisión responde a una demanda presentada por una coalición de más de una veintena de estados que cuestionó la constitucionalidad de las medidas.

Por qué importa: El fallo impide que las disposiciones entren en vigor para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y representa un nuevo episodio en la disputa judicial sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia electoral.

La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, establecía que el gobierno federal elaborara un censo de votantes elegibles en cada estado.

Orden de Trump sobre voto por correo queda bloqueada

Important court decision today striking down Trump’s exective order directing USPS to control voting by mail. Our Constitution gives the president no role in voting. Hands off!https://t.co/nhfG4So6ki

— Barb McQuade (@BarbMcQuade) June 25, 2026

Para ello, contemplaba el uso de datos del Seguro Social con el objetivo de conformar una lista de ciudadanos habilitados para votar.

Además, instruía al Servicio Postal de Estados Unidos a entregar las papeletas de voto por correo únicamente a las personas incluidas en esa lista.

La jueza Indira Talwani resolvió bloquear ambas disposiciones, según Efe.

En su dictamen señaló que esas medidas «violan inconstitucionalmente la separación de poderes».

También prohibió que fueran implementadas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

La restricción también aplica para cualquier elección federal previa en los estados que promovieron la demanda.

En el documento, de 37 páginas, Talwani sostuvo que las agencias federales encargadas de elaborar las listas de ciudadanos confirmados no cuentan con la capacidad para crear registros completos y precisos de los ciudadanos estadounidenses que residen en cada estado.

Asimismo, indicó que tanto el Congreso como el presidente carecen de un papel relacionado con la elegibilidad de los votantes.

Los estados demandantes celebraron el fallo

Judge blocks Trump order demanding Postal Service restrict mail voting https://t.co/H8844SQBai

— POLITICO (@politico) June 25, 2026

La demanda fue presentada por fiscales generales que representan a 23 estados.

Entre ellos figuran California, Nueva York e Illinois.

También participa el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

La mayoría de los demandantes pertenece al Partido Demócrata.

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La coalición argumentó que la administración de las elecciones corresponde a los estados.

Según los denunciantes, organizar un proceso electoral requiere una planificación amplia y preparación previa.

También afirmaron que las exigencias incluidas en la orden ejecutiva interrumpirían significativamente esos planes.

De acuerdo con su postura, las consecuencias podrían ser potencialmente desastrosas para la organización de las elecciones.

Tras conocerse el fallo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró la decisión.

En un comunicado afirmó que la resolución bloquea partes clave del decreto.

También sostuvo que esas disposiciones habrían causado caos para los estados, los funcionarios electorales y los votantes en todo el país.

Además, criticó lo que calificó como la creación de nuevas restricciones al voto mediante una orden ejecutiva.

La batalla legal sobre la orden continúa

La resolución de Massachusetts no pone fin a la controversia judicial sobre la orden firmada por Trump.

A finales de mayo, otro juez federal en Washington D. C. rechazó bloquear esa misma orden en una demanda presentada por demócratas y grupos de derechos civiles.

Trump firmó el decreto en marzo.

Lo hizo después de que un proyecto de ley respaldado por su administración para reformar el sistema de votación quedara estancado en el Congreso.

La orden ejecutiva forma parte de una campaña más amplia impulsada por el presidente.

Esa estrategia cuestiona la legitimidad del voto por correo.

También busca endurecer las normas de identificación de votantes.

El debate se desarrolla pese a la ausencia de pruebas de fraude electoral masivo.